La American Civil Liberties Union (ACLU) lleva dos años intentando conseguir las trascripciones de los interrogatorios a 14 detenidos, supuestamente de Al Qaeda, en Guantánamo. También fueron torturados.
Bush no soltó nada, apelando a la seguridad nacional. Los abogados tampoco pueden hablar sin el permiso del gobierno. Los vídeos de los interrogatorios de la CIA han sido destruidos.
Hace unos días, Condolezza Rice justificaba todo aquello así: ‘Si estaba autorizado por el Presidente, aquello no violaba nuestras obligaciones bajo la Convención Contra la Tortura’. Se puede leer en el editorial de The New York Times de hoy.
El mes pasado se conocieron algunos documentos de la etapa Bush y otros de la Cruz Roja sobre el trato brutal a los detenidos.
Obama ordenó, en su segundo día de mandato, cerrar Guantánamo en un año. Esta semana los Demócratas han rechazo un presupuesto de 50 millones de dólares para llevar parte de los 241 detenidos en la isla a una prisión en EEUU, por ejemplo, a Alcatraz, que está abandonada y ahora es un tesoro nacional. Ahora nadie sabe qué hacer con ellos. Salida nula, vueltan a sus marcas.
The Wall Street Journal levanta un debate sobre la conveniencia o no de distribuir las pruebas fotográficas de las torturas (Abu Ghraib se lleva la palma). WSJ se opone, alegando que estas pruebas ponen en peligro vidas humanas, que no son sirven al interés público, que perjudican a los intereses nacionales (por ejemplo, Pakistán podría no ayudar a Obama en su lucha en el valle de Swat) y que darían alas a Al Qaeda para justificarse en el mundo árabe.
Desde la Casa Blanca, todo se ve distinto.
Difícil decisión para Obama.
